Trabajo y Empleo

UGT y CCOO han enviado una carta al Gobierno en la que solicitan abrir un proceso de diálogo que rectifique la reforma laboral.
Transcribimos dicho el texto de dicho documento:

El pasado 30 de noviembre de 2011 mantuvimos con usted una entrevista en la que le pusimos de manifiesto nuestra disposición al diálogo, y le manifestamos el compromiso sindical de encontrar soluciones consensuadas para la salida de la crisis económica de nuestro país. En esta reunión señalamos nuestra visión negativa sobre las políticas de ajuste que se venían desarrollando en la Unión Europea, y que estaban generando un colapso de la actividad económica, con grave repercusión en el empleo. Le expusimos que se partía de un error de diagnóstico sobre las reformas que debían operarse para el impulso de la demanda y el consumo, y el dinamismo de la actividad empresarial, destacando los problemas del sistema financiero, entre otros. Particularmente, le trasladamos nuestra preocupación sobre la rigidez de los planteamientos europeos sobre los plazos para la reducción del déficit público en un entorno económico que ya se anunciaba regresivo. Entre los aspectos que no considerábamos urgentes, estaban  los concernientes al mercado de trabajo, y pese a ello le mostramos nuestra intención de continuar desarrollando el Diálogo Social que manteníamos con las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y CEPYME, y ampliar las materias de debate a aquellas que usted indicó en aquella ocasión.

Fruto de estos compromisos, el pasado 9 de enero de 2012  tuvimos la satisfacción de remitir a su Gobierno un conjunto de acuerdos alcanzados por los interlocutores económicos y sociales en un elenco importante de cuestiones: Solución autónoma de conflictos (que daría lugar a la firma del ASAC V, con fecha 7 de febrero de 2012); Formación profesional para el empleo (sobre prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación); Absentismo y mutuas; Racionalización de festivos; Jubilaciones anticipadas y medidas de prejubilación; y, bonificaciones y reposición de prestaciones en los expedientes de regulación de empleo.

Junto a estos acuerdos, merece destacarse por su importancia para las relaciones laborales y el funcionamiento de las empresas, y la protección de los derechos de los trabajadores, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, firmado el 25 de enero de 2012 (II AENC), sin parangón en el entorno europeo, por el que nuevamente sindicatos y organizaciones empresariales más representativas acordamos, fruto de la autonomía colectiva reconocida constitucionalmente, las reglas sobre “estructura de la negociación colectiva”, “flexibilidad interna” sobre tiempos de trabajo, funciones y salarios, e “inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales”. Entre otras previsiones, se alcanzó un importante acuerdo sobre la determinación de los criterios salariales en la negociación colectiva en el periodo de vigencia, y la solicitud de compromiso de los distintos actores en la mejora de la competitividad de nuestro productos y servicios.

El Real Decreto-Ley 3/2012 dictado por su Gobierno ha venido a socavar los cimientos del ordenamiento laboral, con consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre las instituciones colectivas del trabajo. Asimismo, nuestras organizaciones han significado que por primera vez en toda la democracia no ha sido precedida la aprobación de la norma de un proceso de diálogo y negociación. Y lo que hemos destacado con preocupación: que esa reforma ha entrado en colisión con importantes acuerdos alcanzados, que se han ignorado de manera flagrante, como son, los mencionados II AENC y el V ASAC

Reiteradamente hemos venido manteniendo nuestra absoluta disconformidad con los términos del RD-Ley, y así lo hemos anunciado en los contactos técnicos que ocasionalmente se han mantenido en sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El día 20 de febrero nos dirigimos a usted, proponiendo la apertura de un proceso de negociación que permita modificar durante el anunciado trámite parlamentario aspectos del RD-Ley aprobado, esenciales para los intereses de las personas que representamos.

El conjunto de las enmiendas que se recogen en el documento adjunto, responden a los planteamientos anteriores, y  constituyen las propuestas alternativas de regulación que estimamos necesarias para subsanar las insuficiencias y errores de las previsiones normativas del citado RD-Ley.

Como un ejemplo más de nuestro compromiso y responsabilidad con los intereses generales del país, y asumiendo la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios como señala la misma Constitución, le ofrecemos esta aportación sindical con la plena seguridad de que con ello se fortalecería el marco legal y el mercado de trabajo, para que cuando se supere la crisis, y pueda crearse empleo, lo sea en términos de empleo de calidad y estabilidad.

Una vez más, le reiteramos nuestra petición de abrir un proceso de diálogo social entre el gobierno y los interlocutores sociales que sirva para corregir aquellos aspectos que consideramos lesivos para los trabajadores y trabajadoras.

Jesús Caldera, ha calificado de “decretazo” la nueva reforma laboral aprobada por el Real Decreto-Ley 3/2012 y ha asegurado que abarata el despido de todos los trabajadores y reduce su protección.

Asimismo, Caldera ha asegurado que el PSOE estudiará detenidamente la norma, pero ya  ha manifestado dudas sobre la legalidad y la posible inconstitucionalidad de la nueva disposición en cuanto rebaja la indemnización por despido de45 a33 días para todos los contratos indefinidos y en su opinión, un derecho adquirido que se cambia sin razón objetiva es discutible atenta al principio de igualdad.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme ha valorado “positivamente” la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros porque se trata de un paso “imprescindible y sustancial” en el proceso de modernización de la legislación laboral, que aproxima la flexibilidad española a la de los países del entorno que ya han realizado este tipo de reformas.

Concretamente los empresarios han aplaudido medidas como la eliminación de la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y, sobre todo, la mejor definición de las causas de despido por razones económicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la esperada y secretísima reforma laboral de la que sólo se habían oído rumores.  Uno de los que tenía más fuerza y que, finalmente se ha visto confirmado es el de la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, no sólo para los nuevos contratos, sino también para los que se concertaron antes de la reforma; si bien, el nuevo cómputo de la indemnización sólo será efectivo a partir de la publicación y la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, es decir, que la indemnización se calculará aplicando dos escalas: 45 días por cada año trabajado antes de la reforma y 33 por cada uno de los siguientes.

En todo caso, habrá que esperar a la efectiva publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado para conocer en profundidad el calado de la reforma laboral y cómo ésta ha afectado a temas tan variados como la negociación colectiva (prevalencia de los convenios de empresa, ultraactividad, descuelgue salarial, plazos para negociar, etc), el nuevo régimen de contratación (tipos de contratos, período de prueba, contratos temporales), formación profesional (fondo de formación), agencias de colocación y ETT, eliminación de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, etc.

De todas estas cuestiones y muchas más, Lex Nova irá dando cumplida información, a través de artículos, comparativas, preguntas con respuesta y otra documentación.

Los agentes sociales siguen por su lado negociando el ANC, al margen de la reforma laboral. Ni congelación, ni IPC. El preacuerdo, que está pendiente de ser ratificado, establece una subida máxima del 0,5% para este año y para el 2013, y de un 0,6% para el 2014, siempre y cuando el IPC no supere el 1%, sin tener en cuenta las subidas que pueda experimentar el carburante.
El pacto consta de 4 documentos:

• Estructura de la negociación colectiva
• Flexibilidad interna
• Inaplicación de condiciones
• Criterios salariales

Ver texto del preacuerdo